El uso de la fuerza física es una atribución inherente al desempeño de la función policial, como lo establece el primer aparte del artículo 3 de la Ley del Estatuto de la Función Policial.
El potencial despliegue de dicha fuerza debe estar orientado por el principio de afirmación de la vida como valor supremo, mediante la adopción de escalas progresivas y procedimientos de seguimiento, supervisión, entrenamiento y difusión entre la comunidad.
El órgano rector en materia policial, el Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, ha resuelto que se debe adecuar el uso potencial de la fuerza física policial a las exigencias constitucionales y legales.
- La fuerza policial se aplicará para neutralizar, contener y, preferentemente, hacer descender el nivel de confrontación y resistencia del en relación al ciudadano sujeto al procedimiento policial, evitando la escalada o incremento de dicha confrontación o resistencia.
- Los criterios para el incremento/reducción de la fuerza física por parte de los funcionarios y funcionarias policiales son los siguientes:
- Proporcionalidad a la resistencia que ejerce el ciudadano
- Progresividad
- Minimización del daño
- Instrumentalidad
- El reentrenamiento o actualización en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial será obligatorio una vez al año para los funcionarios y funcionarias policiales.
- Los funcionarios y funcionarias policiales, en el ejercicio de sus funciones, aplicarán la siguiente escala de uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial.
La Resolución Ministerial es de obligatoria aplicación en todos los cuerpos de policía del país de acuerdo a lo establecido en la Ley del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
Este estándar formó parte de la Consulta Nacional de Estándares Policiales realizada por el Consejo General de Policía entre octubre y noviembre de 2009, en la que participaron representantes de las comunidades, estudiantes, campesinos, empresarios, indígenas y funcionarios policiales venezolanos y de otros países.
Contar con un estándar permite entrenar, supervisar, evaluar y corregir permanentemente entre los funcionarios y funcionarias policiales el uso de la fuerza, potenciando su efecto de contención, disuasión y minimizando la lesividad a la integridad física y derechos de los ciudadanos y habitantes dentro del país, contribuyendo de este modo a minimizar la violencia social.
