EL DESCALABRO DEL APARATO POLICIAL VENEZOLANO
Como en el resto de la región, por casi dos siglos el aparato policial venezolano se dedicó, primero, al disciplinamiento social: al mantenimiento del control social en sociedades verticalizadas y desiguales, donde esto se traduce en represión de los oprimidos y, luego, como instrumento de la sociedad del control.
Ello supuso pasar por episodios de fuerte militarización, desprofesionalización y desinstitucionalización, en una suerte de militarización policial entrelazada con la pretendida policiación de la comunidad y a la inversa, a la policiación del espacio militar y a la militarización de la sociedad. Para colmo, desde los ochenta, lo que hubiere sido en Venezuela acicate del valioso proceso descentralizador basado en la concurrencia de la competencia policial entre los tres entes políticoterritoriales del Estado Federal (nación, estados y municipios), se convirtió en la proliferación desordenada e irregular de cuerpos policiales. Década tras década, la valiosa institución policial fue configurando un aparato arbitrario de poder.
LA CONFUSA FUNCIÓN POLICIAL
Durante poco más de dos siglos la policía se fue configurando como la trama dúctil entre lo administrativo y el control penal. La ambigüedad de su función, como instituto de la modernidad que quedó con resabios del poder absoluto que se instauró en el republicano, ha llevado a tal confusión que aún hoy, muchos desconocen que la principal función policial es cuidar a la gente. Esta confusión, unida al cuasi endémico interés de los gobernantes locales, regionales o nacionales de turno, por contar con su propio “miniejército” al más puro estilo caudillesco, contribuyó a su arbitrario empleo y a su rezago legal, al extremo que la mayor parte de la”ley” policial de la región durante los siglos XIX y XX ha sido dispersa, inconstitucional o simplemente, inexistente.
Para muestra un botón…
La confusión acerca de su verdadera función de tutela de los derechos se observó en el estudio de Conarepol sobre “auto percepción policial” (Monsalve, 2007), según el cual los funcionarios policiales y militares policiales (GN) daban entre 60 y 70% de prioridad a la persecución del tráfico y consumo de drogas, al extremo que, en su praxis, se ha podido observar cómo en enfrentamientos con bandas destinadas al delictivo negocio ha muerto, víctima de alguna bala perdida, algún transeúnte y hasta niños que jugaban en el interior de su casita en un barrio pobre.
La importancia de la definición de su función
El artículo 4 de la novísima Ley Orgánica del Servicio de Policía no es un artículo más. Supone haber dado un primer gran paso en la redefinición y precisión de su función para evitar ambigüedades y disponerla a favor de los derechos. Su texto alude, sin ambages, a las funciones de: 1)Proteger el ejercicio de los derechos, las libertades y la paz social; 2)prevenir la comisión de delitos; 3)apoyar el cumplimiento de las decisiones de la autoridad competente;
4)controlar y vigilar la circulación vial y; 5) facilitar la resolución pacífica y mediadora en los conflictos. Así se comienza a tamizar la seguridad de los derechos en el espacio policial, a darle fuerza a su cariz preventivo y a disponerla en función de la pacificación, una postura, de entrada, opuesta a la violencia.
Policía indispensable, pero no principal para la seguridad
La invitación es a considerar cómo hacer posible un sistema de seguridad donde la policía haga parte indispensable pero no principal. Ello, además, porque al tan delicado proceso de reforma policial debe dársele acompañamiento mediante la construcción de una política coherente con la filosofía de la seguridad para los derechos que abarque el proceso constitucional de inclusión y transformación para alcanzar la auténtica garantía de los derechos para todos. Si como país, después de dos siglos, decidimos construir un nuevo modelo policial: un astro en el universo de la seguridad; hoy puede se compartir la responsabilidad de la construcción de la política de la seguridad de los derechos, como pieza clave de la convivencia pacífica en inclusión y reconocimiento mutuo para el desarrollo humano sustentable, que por efecto, será decisiva en la reducción de la violencia y la impunidad.
Policía y seguridad: La cuestión actual >
Sin embargo, una creencia fuertemente arraigada supone que con un buen aparato policial se controla el delito y por tal, se puede vivir en paz. Pero la realidad es otra: la trasformación de la policía es indispensable, pero no decide el curso de la seguridad ciudadana mucho más omnicompresiva y compleja.
Conocer porqué cultivamos esta ficción habla de los dispositivos culturales e ideológicos que debemos ir abandonando para dar el verdadero salto hacia una sociedad más inclusiva, respetuosa, democrática, solidaria y amante de la paz. Preocupa es que, en el fondo de esta generalizada creencia, subyazca una cultura autoritaria que aún perdure en el planeta con picos más o menos acentuados según cada lugar y que sugiera que sólo mediante la represión se alcanza la seguridad, aunque la policía en sí no tiene por qué ser represiva, sino más bien preventiva. Lo cierto es que la policía puede devenir una entidad fundamental para cuidar a las personas, ante el riesgo de acciones delictivas u obstaculización de sus libertades, pero no decide la seguridad ciudadana. Muy por el contrario, recargarla con esta tremenda misión la coloca al borde del fracaso, porque la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana comprenden un complejo universo de variables y dinámicas sociopolítico, económicas y culturales que, en los supuestos más complicados de las grandes urbes de la región –como sucede con Caracas–, apuntan a procesos de exclusión, criminalización y pérdida en el disfrute universal de los derechos, cuestiones que exceden ostensiblemente a la importantísima pero muy circunscrita misión policial.
