Consejo General de Policía

El Consejo General de Policía tiene el deber de diseñar las políticas públicas que en materia policial sean necesarias de cara a la reforma policial y la implementación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional.

Esta labor la realizará basándose en lo establecido en la Ley, el aprendizaje logrado a través del proceso de consulta realizado por la Comisión para la Reforma Policial (Conarepol) y el hecho de que la sociedad y el Gobierno Nacional coinciden en las graves limitaciones que presenta la policía para garantizar la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y el ejercicio libre de los derechos y libertades fundamentales.

La Conarepol fue creada en abril de 2006 por el Ministerio del Interior y Justicia en respuesta a la necesidad sentida en la población de construir un nuevo modelo policial a través de la más amplia consulta a diversas instancias, organizaciones, grupos de interés, asociaciones ciudadanas y comunidades organizadas.

La consulta versó sobre criterios para la definición de la función policial, formas socialmente aceptables para ejercerla, fortalezas y debilidades de las estructuras policiales actuales, a nivel nacional, estadal y municipal y mecanismos más adecuados para lograr su funcionamiento en consonancia con las necesidades de la población.

La Conarepol entregó sus recomendaciones en octubre de ese año y en su informe destaca que la mayoría de las personas participantes realizaron consideraciones sobre los temas de carrera policial, gestión y eficiencia de los cuerpos policiales y mecanismos de rendición de cuentas, la necesidad de un mayor acercamiento de los cuerpos policiales a la comunidad, de aumentar la presencia policial y de mejorar la dotación de estas instituciones para lograr altos niveles de gestión y eficiencia, además incrementar la participación comunitaria en la contraloría y supervisión de sus cuerpos policiales.

Asimismo, entre las sugerencias se hizo referencia al currículo académico, la selección y permanencia de los funcionarios en las instituciones policiales; así como la necesidad de satisfacer el derecho a la seguridad social y los derechos laborales del funcionario policial y sus familiares.